Suspendidos 337 trámites mineros

La Dirección General de Minería dejará de conocer 337 solicitudes de exploración de metales por los próximos dos años, luego de que ayer el Ejecutivo presentó al Congreso la iniciativa para suspender esos permisos.
POR EDDY CORONADO | 11 jul 2013 00:00
Fernando Castellanos, director general de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (MEM), afirmó que quedaron pendientes de resolver 48 solicitudes, de 337.
Aclaró que esta medida no afecta la explotación de recursos de materiales de construcción existentes o aquellos que lo soliciten en el futuro.
Esto significa que las cementeras, areneras, empresas que extraen mármol o cal podrán continuar con sus trámites.
“El objetivo es hacer un parteaguas para poder debatir una nueva ley de minería e impulsar el sector a largo plazo mediante un marco jurídico que pueda ser sustentable”, explicó Ivanova Ancheta, viceministra de Desarrollo Sostenible del MEM.
Agregó que “existe la viabilidad jurídica— para el ejercicio minero— pero no social, y se debe trabajar para compaginar ese ámbito, porque debe haber un fortalecimiento institucional y del marco jurídico”, refirió.
Castellanos informó que hasta ayer se registraban 92 licencias de exploración vigentes en todo el país, de las cuales siete fueron entregadas en la administración del Partido Patriota, además de tres de explotación.
En cuanto a las solicitudes de permisos de explotación, ninguna está en estado de resolver y 14 siguen en trámite, y también quedan detenidas.
Ancheta explicó que la importancia de pausar las aprobaciones permite desarrollar un plan a largo plazo.
“El objetivo es ordenar y hacer una ley que pueda garantizar al sector y se desenvuelva a futuro”, agregó la viceministra.
En la actualidad, solo la mina Marlin, operada por Montana Exploradora de la multinacional Gold Corp., comercializa el oro y plata extraídos.
Las otras, en fase de construcción, son las minas Fénix y Montúfar, en Izabal, de la Compañía Guatemalteca de Níquel; la mina Escobal, en Santa Rosa, de minera San Rafael, subsidiaria de la empresa Tahoe Resources; y Maya Níquel, subsidiaria de la Anfield Nickel Corp., todas canadienses.
Ancheta resaltó que ahora el análisis de la suspensión queda en manos del Congreso.

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Publicado el 11 julio, 2013 en Noticias Nacionales. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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